Tlalnepantla, Estado de México
La diputada Azucena Cisneros, integrante de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización aseguró en entrevista con mujeres periodistas del Valle de México que los 35 tecnológicos y universidades públicas del Gobierno del Estado que tienen una matrícula de al menos 100 mil alumnos, han sido utilizados por décadas para pagar prebendas políticas, refugio de militantes del PRI, se convirtieron en escenarios de corrupción.
“Lo que hacen con las Universidades es que son utilizadas como una guarida de estructuras priistas como pago de prebendas y evidentemente que también son utilizadas como espacios desde donde presuntamente se desvían recursos como lo establecen las investigaciones de la Auditoría Superior de Fiscalización”.
Ante estas irregularidades en Tecnológicos y Universidades del Estado de México y el presunto desvío de recursos públicos dijo la diputada Cisneros.
“Por eso vamos a pedir también al Congreso se establezca mecanismos de control y mecanismos de convocatoria para que nunca más el Estado de México y las Universidades públicas del Estado de México sean utilizadas como un botín político, como un lugar en donde se piensa en como saquear los recursos públicos en lugar de estar pensando en como aumentar el nivel académico, la calidad, pensar en los jóvenes, en los estudiantes , pensar en los maestros que tienen años y años de preparación en las universidades que son los que tendrían derecho a aspirar a las rectorías en cada una de las universidades y no tener tanto desprecio a las universidades que las utilicen para poner a cualquiera simplemente por tener algún vínculo o porque es algún familiar o se le tiene que pagar alguna cuota“.
La legisladora morenista explicó que adicionalmente, a las irregularidades financieras en estos planteles estatales, las designaciones de directores y rectores, de dichas instituciones, suelen favorecer a quienes han realizado trabajo político o administrativo en gobiernos del PRI, en los 15 Tecnológicos de Estudios Superiores, 9 Universidades Politécnicas, 6 Universidades Tecnológicas y 5 Universidades Estatales.
De estas 35 instituciones de educación superior, hasta principios de abril, en al menos 30 casos, sus respectivos directores o rectores presentaban un denominador común: la relación laboral en administraciones priistas, familiares vinculados a la clase política y gubernamental del PRI o el haber ocupado cargos de elección popular, además de participar en actividades partidistas o de activismo a favor del tricolor, señaló.
Azucena Cisneros puntualizó que en el caso de los 15 Tecnológicos de Estudios Superiores, hay personajes con trayectoria en puestos de elección popular bajo las siglas del PRI; en el de Ecatepec, el rector es Pablo Bedolla, ex alcalde, ex diputado local y federal de ese municipio; en el de Huixquilucan, el rector es Julián Norberto Quiroz Martínez, ex titular de Finanzas y Administración del PRI estatal; en Chimalhuacán, dirige la exdiputada local del PRI y excandidata a la alcaldía de Nezahualcóyotl, Martha Angón Paz; en el de Ixtapaluca encabeza Demetrio Moreno Arcega, hermano de Isidro Moreno Arcega, exdiputado local y federal del PRI.
Derivado de las investigaciones de la ASF, a tres exrectores de las Universidades Tecnológicas del Sur del Estado de México y de Nezahualcóyotl, así como de la Politécnica de Texcoco, se les iniciaron procesos penales al estar involucrados en convenios con la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde se siguieron esquemas similares a los denunciados en “La Estafa Maestra”, destacó.
“Universidad Intercontinental del Estado de México se contrato la totalidad de los trabajos solicitados por la Sedesol investigado en un presunto fraude por 229 millones, la siguiente, Universidad Politécnica de Texcoco se auditaron 156 millones de pesos del convenio entre la Universidad Politécnico y la Sedesol para la prestación de servicios, esta Universidad contrato el 100 por ciento de los servicios convenidos el cual infringió la ley de adquisiciones, el máximo era el 4 por ciento, contrato los servicios con 3 proveedores que tampoco llevaron los servicios solicitados. Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl contrato 312.7 millones de los servicios convenidos con la Sedesol que infringió la ley de adquisiciones”.
Y hasta el 2021 han continuado las observaciones financieras a estas instituciones, pues el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, referente a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, 10 universidades y tecnológicos del Estado de México se determinó que hubo violaciones a las Leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Contabilidad Gubernamental.
De acuerdo con la diputada de Morena, las instituciones con mayores irregularidades son la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, donde la ASF determinó daño a la Hacienda pública Federal por 44.4 millones de pesos; en la Universidad Tecnológica de Tecámac, daño por 575 mil 800 pesos; la Universidad Mexiquense del Bicentenario, no acreditó expediente de adjudicación de los recursos federales; en la Universidad Politécnica del Valle de México, hubo pagos improcedentes por 668 mil pesos, lo cual impactó al control de nóminas.
En esta revisión de la ASF también resultaron con observaciones financieras los Tecnológicos de Estudios Superiores de Ecatepec y Coacalco, así como las Universidades Estatal del Valle de Ecatepec, Tecnológica de Nezahualcóyotl, Tecnológica del Valle de Toluca y la Politécnica del Valle de Toluca.
Entre las irregularidades detectadas en estas instituciones se encuentran el carecer de cuentas bancarias específicas para administrar los subsidios federales, no informar de los recursos aplicados, diferencias en reportes financieros, fallas en contrataciones, omisiones en el control de nóminas, entrega extemporánea de informes oficiales y violaciones a la normatividad presupuestal, administrativa y contable, entre otras.
Finalmente, La diputada Azucena Cisneros consideró urgente legislar para que no sea arbitrario el uso de instituciones educativas, y se impida el “uso criminal” de la educación con fines político electorales, que ya no sean más refugio de militantes del PRI, y que las designaciones sean por elecciones transparentes, con criterios claros, de acuerdo a los mejores perfiles.