Ciudad de México
En el marco de la discusión del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de prevenir y combatir el financiamiento en procesos electorales, por parte del crimen organizado.
De acuerdo con la iniciativa suscrita por el senador por el Estado de México, la infiltración del crimen organizado en la política, constituye uno de los desafíos más graves para el Estado mexicano, toda vez que diversos estudios han señalado que estas organizaciones buscan influir en procesos electorales, a través del financiamiento ilegal de campañas, la intimidación de candidatos y la captura de gobiernos locales, con el objetivo de obtener protección institucional o acceder a recursos públicos, lo que hace necesario evitar la intervención de intereses ilícitos en las elecciones y dar mayor legitimidad de las instituciones democráticas.
“En México, el sistema de fiscalización electoral es supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene la responsabilidad de revisar el origen, monto y destino de los recursos utilizados por partidos políticos y candidatos durante los procesos electorales. No obstante, la complejidad del fenómeno del financiamiento ilícito, exige fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción”, resaltó.
El senador Enrique Vargas mencionó que, en los últimos años, especialmente, entre 2024 y 2026, México ha experimentado situaciones que vinculan al crimen organizado con la vida pública y los procesos electorales, por lo que cualquier Reforma Electoral estará incompleta si no se atiende de manera prioritaria la intromisión de estos grupos en las elecciones y en cualquier competencia política.
Por ello, manifestó su preocupación para que se fortalezcan, de manera decidida, los mecanismos de control, fiscalización y sanción o, de lo contrario, se cierre el riesgo de normalizar la intervención del crimen organizado en la vida democrática.
“A través de la presente iniciativa, se propone fortalecer el marco normativo mediante la obligación de implementar mecanismos de verificación reforzada del origen de los recursos de campaña, el fortalecimiento de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera, el incremento de sanciones penales por financiamiento ilícito proveniente de organizaciones criminales, así como la creación de mecanismos de fiscalización preventiva durante las campañas”, explicó.
La propuesta de reforma contempla modificar el Artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que, como parte del proceso de fiscalización, se contemplen los ingresos y egresos de los partidos políticos, precandidatos, candidatos y de las campañas electorales, a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita y para que el órgano electoral implemente mecanismos reforzados de verificación sobre el origen de estos, incluyendo el monitoreo de operaciones financieras inusuales.
Además, se modificaría el Artículo 32 para solicitar que se establezcan mecanismos permanentes de coordinación e intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, para detectar operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita usados para el financiamiento de procesos electorales, y en el Artículo 199, le otorgaría la facultad a la Unidad Técnica de Fiscalización para solicitar información financiera, bancaria y fiscal, cuando existan indicios de financiamiento ilícito en elecciones.
Por otro lado, se contempla la reforma al Artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos para que estos no puedan recibir aportaciones o donativos provenientes de personas físicas o morales, ni recursos cuya procedencia no pueda ser plenamente identificada o acreditada, y estos deberán implementar mecanismos internos de control y verificación del origen de las aportaciones privadas, a fin de garantizar que los recursos utilizados en actividades partidistas no provengan de estas organizaciones, contemplando sanciones administrativas y hasta la cancelación del registro a aquellas candidaturas que lo hicieren.