Entre los vinculados se encuentra la encargada de la Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora del municipio de Coyotepec, así como dos elementos de la policía municipal.
Coyotepec, Estado de México.
El Representante Social de la Fiscalía Regional de Cuautitlán de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la probable participación de cinco personas, entre estas la encargada del despacho de la Oficialía Conciliadora, Mediadora y Calificadora del municipio de Coyotepec, por los delitos de abuso de autoridad, y privación de la libertad, ilícitos por los cuales fueron vinculados a proceso.
La Autoridad Judicial inició un proceso legal en contra de Fabiola “N” responsable de la Oficialía Calificadora, y de los elementos de la policía municipal de Coyotepec, Juan Manuel “N” y Josefina “N” por el delito de abuso de autoridad.
En tanto que José María “N” y Lizeth Julieta “N”, deberán enfrentar un proceso penal por el delito de privación de la libertad.
Los hechos por los cuales son investigados ocurrieron en días pasados, cuando José María “N” y Lizeth Julieta “N”, retuvieron a un individuo, al cual habrían privado de su libertad, después lo trasladaron en un vehículo compacto a las instalaciones de la Oficialía Calificadora donde lo denunciaron por el delito de robo a casa habitación, debido a que al parecer había ingresado a su domicilio a robar.
Ante esta situación, el inculpado fue ingresado a las galeras de esas oficinas, donde quedó a disposición de la titular del despacho. Minutos después los elementos policiacos encargados de esa área reportaron el fallecimiento del detenido, hechos registrados en la calle Jaltenco del Barrio Caltenco, del municipio de Coyotepec.
Derivado de los hechos, el Agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación respectiva, y elementos de esta Institución detuvieron a las cinco personas involucradas en la muerte de este sujeto.
Posteriormente fueron remitidas ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, autoridad que determinó iniciar un proceso legal en su contra, además fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigaciones complementarias.
A estos individuos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.