Estado de México
El PRI del Estado de México exigió la recuperación de todos los fondos y fideicomisos municipales que se eliminaron en el sexenio pasado, con el fin de atender las necesidades de los ayuntamientos y mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses, señaló la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Ana Lilia Herrera.
En conferencia de prensa, sostuvo que el gobierno federal dejó de transferir a los municipios del país más de 81 mil millones de pesos al año en fondos para la seguridad, infraestructura urbana como la pavimentación y obras metropolitanas, pueblos mágicos, productividad y apoyos al campo, entre otros.
Acompañada del delegado del CEN del PRI, Jorge Meade Ocaranza, señaló que más allá de que los gobiernos municipales vean mermadas sus capacidades para resolver los problemas en sus territorios, “estos recortes afectan al pueblo, pues tienen malos servicios públicos por falta de recursos en los ayuntamientos”.
Además, se ha generado un aumento en la deuda municipal porque los gobiernos locales se ven obligados a recurrir a préstamos o créditos para cubrir sus necesidades básicas, lo que a largo plazo puede llevar a situaciones de insolvencia y daño al erario público.
No es casualidad que hoy la infraestructura urbana esté en pésimas condiciones y que la seguridad esté peor que nunca, pues se eliminaron recursos que estaban destinados a la capacitación de policías, para equipamiento y estrategias de prevención del delito, advirtió.
En vísperas de que el nuevo gobierno federal presente su proyecto de presupuesto ante la Cámara de Diputados, “es momento de alzar la voz para que se consideren todos esos fondos que existían y significaban una mejor calidad de vida para la gente”, agregó.
Al destacar que el PRI siempre vota a favor de la aplicación de los programas sociales, Jorge Meade manifestó que el PRI exige que se deje de dar un uso político, electoral y partidista desde el gobierno.
El partido oficialista se ha dado a la tarea de afiliar personas a su militancia, exhortamos a que ello no sea sustentado en un uso faccioso de la información que poseen sobre los beneficiarios de los programas sociales, argumentó.