Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Autoridades municipales encendieron las alertas tras identificar la operación de 32 centros de rehabilitación, conocidos como anexos, que funcionan sin permisos en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
El presidente municipal, Daniel Serrano, informó que ya se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para entregar información sobre estos espacios, los cuales evidencian un vacío en materia de regulación y supervisión.
En conferencia de prensa, el alcalde aseguró que, si bien estos centros cumplen una función social importante al atender a personas con problemas de adicciones, también representan un riesgo al no contar con documentación legal ni controles sanitarios.
Daniel Serrano advirtió que en varios de estos anexos se ha detectado la presencia de personas con órdenes de aprehensión vigentes, lo que genera un entorno complejo donde conviven individuos en proceso de rehabilitación con otros vinculados a delitos graves, incluidos homicidios.
“El hecho de que una persona se encuentre en un proceso de rehabilitación no la exime de enfrentar la justicia si tiene cuentas pendientes con la ley”, puntualizó.
El alcalde insistió en la necesidad de garantizar los derechos humanos de los internos, al tiempo que se refuerzan las investigaciones y la supervisión de estos centros. En este sentido, destacó la importancia de la coordinación entre autoridades municipales, estatales y sanitarias para regular su operación.
Aunque hasta el momento no se han realizado operativos específicos en anexos del municipio, adelantó que, de llevarse a cabo, deberán ejecutarse con estricto apego a la legalidad y con acompañamiento policial.
Las acciones forman parte de los acuerdos establecidos en la mesa de paz, donde diariamente se definen estrategias conjuntas en materia de seguridad.
En la rueda de prensa, el presidente municipal también se refirió a las chelerías que se han suspendido hasta el momento en Cuautitlán Izcalli.
Afirmó que se continuarán realizando recorridos de vigilancia en las unidades económicas para corroborar que funcionen de manera correcta y en apego a la ley.